
Informe · Organismo internacional
Combating End-to-End Illicit Financial Flows Linked to Scam Compounds: Applying the FATF Toolkit to the Fraud Epidemic
El GAFI estima que el fraude cuesta unos 500 mil millones de dólares al año en el mundo y que los complejos de estafa, con pérdidas de decenas de miles de millones, se expandieron desde 2020; propone interrumpir sus flujos financieros de punta a punta y actuar en las primeras 24 a 72 horas.
- Organismo
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Fecha del documento
- 5 de noviembre de 2026
- Tipo
- Informe
- Idioma
- Inglés
- Alcance
- Internacional
- Extensión
- 90 páginas
Qué contiene
El informe del GAFI, publicado el 5 de noviembre de 2026 y copresidido por el Reino Unido y Estados Unidos, parte de que el fraude es uno de los principales delitos precedentes del lavado de activos y de que cuesta unos 500 mil millones de dólares al año en el mundo, según una estimación de la Global Anti-Scam Alliance que el documento cita. Los complejos de estafa, un modelo industrial que se expandió con rapidez desde cerca de 2020, son nodos de ecosistemas criminales transnacionales donde el fraude cibernético converge con la trata de personas, la corrupción, el cibercrimen y el lavado de activos. Sus pérdidas anuales se estiman en decenas de miles de millones de dólares y sus centros han apuntado a personas en más de 100 jurisdicciones. El trabajo se apoyó en un cuestionario a la red global del GAFI, con aportes de 60 jurisdicciones, y en consultas con el sector privado, la sociedad civil y expertos académicos.
El modelo financiero es circular y modular: las redes gastan para montar infraestructura física y digital y captar trabajadores y víctimas, generan ingresos, cobran, mueven, estratifican y retiran el dinero, y reinvierten las ganancias. Los fondos pueden pasar por cuentas y billeteras de activos virtuales en minutos, en algunos casos reportados en dos minutos, más rápido que la denuncia de la víctima, el reporte de operaciones sospechosas y la acción policial. Como muchas veces es la propia víctima quien autoriza el pago, la transacción puede parecer legítima para la entidad financiera salvo que se combine con señales de fraude que ella no suele recibir. El informe agrega que las operaciones se dispersan en estructuras más pequeñas y móviles, y que la inteligencia artificial, los deepfakes y el contenido multilingüe facilitan la captación de víctimas.
Para responder, combina acciones directas contra las redes con mejoras del sistema antifraude: centros antiestafas, datos de fraude compartidos, analítica colaborativa y mecanismos de respuesta rápida, muchos con alianzas público-privadas. La intervención sobre los pagos corresponde sobre todo a la entidad financiera o al proveedor de activos virtuales que controla la cuenta o la billetera, apoyada por las unidades de inteligencia financiera y las autoridades; tras detectar o recibir un reporte, las primeras 24 a 72 horas son clave para rastrear, recuperar y restituir. Sus seis principios (anexo 1) son: apuntar al ecosistema criminal más amplio, interrumpir los flujos ilícitos de punta a punta, conectar las redes, actuar con rapidez entre fronteras, poner a las víctimas en el centro y adaptarse con foco en el impacto duradero. Advierte que el éxito no debe medirse por el número de alertas, arrestos o congelamientos, sino por si se protege a las víctimas y se debilita de forma sostenida el negocio criminal.
Por qué importa para la gestión de riesgos
Es una referencia para los equipos de prevención de lavado de activos, fraude y riesgo operacional de bancos, entidades de pago y aseguradoras, y para las áreas de seguridad de empresas que reciben pagos digitales: orienta alertas tempranas, cooperación entre sectores y respuesta rápida. Según el propio informe, su aplicación debe basarse en el riesgo de cada jurisdicción, y los casos describen sobre todo complejos de otras regiones, por lo que su uso en la República Dominicana requiere el análisis de riesgo local.
Resumen elaborado por el Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana a partir de la lectura del documento original, con fuente verificada el 16 de noviembre de 2026. No sustituye la lectura del texto oficial ni constituye asesoría.
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